Reformas del periodo extraordinario

Héctor Muñoz

Ya todo está listo en las Cámaras de Senadores y Diputados, que coordinan Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila respectivamente, para que, a partir del lunes y hasta el miércoles 2 de julio, se realice un periodo extraordinario en el que se discutirá un paquete de más de casi 30 reformas.

Recordemos que el periodo extraordinario es el lapso en el que una o ambas cámaras del Congreso de la Unión llevan a cabo sesiones de trabajo parlamentario y legislativo en el Pleno, durante los periodos de receso.

En el caso del Senado, se incluirán las reformas relativas a la de trámites burocráticos; modificaciones a la Ley Sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria; distintas modificaciones de leyes en materia ferroviaria y de armonización normativa y la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales y de Importación y Exportación, llamada Totoaba.

El Senado analizará en el periodo extraordinario: La Ley General de Vida Silvestre, que se refiere a los delfines; la ley que se le ha denominado lavado de dinero, en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus modificaciones al Código Penal Federal; la del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Desaparición Forzada de Personas; la de Competencia Económica, y la de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sin embargo, en cuatro de ellas todavía no hay dictámenes tal es el caso de las referentes a la industria ferroviaria, competencia económica, telecomunicaciones y desaparición de personas.

En el caso de la Cámara baja, el debate contempla reformas como: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el dictamen sobre la transferencia de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Ley de la Guardia Nacional que contempla el paquete de ocho reformas a diversos ordenamientos, y una de la Comisión de Seguridad Social, en materia de retiro por desempleo.

Además, faltarían siete de enviarse por la presidenta de la República, cuya materia es reglamentaria de reformas constitucionales que se llevan a cabo: cuatro de la reforma judicial, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Amparo y la de lavado de dinero, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley General de Salud (vapeadores) y Ley de Bienestar Animal (delfines).

Entre las reformas más importantes destacan las de la reforma judicial y la de competencia, pues seguramente deberán alinearse a lo que contempla el T-MEC, ya que la revisión de este acuerdo internacional está prevista para el próximo año.

Sin embargo, la intención de México y de Estados Unidos es adelantar este proceso para octubre de este año.

Incluso el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que el contexto de tensión en la relación comercial con Estados Unidos pone presión adicional para que la nueva legislación antimonopolios mexicana cumpla con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

Por ello, el legislador presentó hace unos meses una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para dar cumplimiento a la reforma constitucional de diciembre del 2024, que decreta la reorganización de funciones de diversos órganos del Estado, así como su reemplazo.

Ramírez Cuéllar informó que su propuesta tiene la intención de dar paso a la creación de una sola autoridad que integre las funciones de competencia económica y regulación de telecomunicaciones, con el objetivo de combatir prácticas monopólicas y garantizar el bienestar del consumidor.

Alfonso Ramírez Cuéllar, expuso que la nueva instancia que asumirá la rectoría en esta materia deberá ser un órgano descentralizado y colegiado y no formar parte de alguna secretaría de Estado para evitar que pueda ser juez y parte.

Subrayó que hay dependencias federales cuya función es atraer inversiones, por lo que insistió en que este nuevo órgano no debe estar sectorizado.

Así que ya veremos si las nuevas reformas se adecúan a las normas del T-MEC, pues a nadie conviene un conflicto legal con Estados Unidos. ¿no cree?

Con información de El Sol de México